El jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, vetó en las últimas horas dos leyes sancionadas por la Legislatura porteña, que se suman a los cinco rechazos firmados en las últimas semanas y profundizan la tensión entre el Ejecutivo y el Parlamento local.
Se trata de dos proyectos impulsados por la legisladora Paola Michielloto (PRO), una de las figuras centrales del oficialismo legislativo y responsable de encabezar las negociaciones del Presupuesto y de varias iniciativas consideradas clave para la gestión de Macri.
Ambos vetos llevan fecha del 14 de enero y fueron publicados este viernes en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Veto parcial a la ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
Mediante el Decreto N.º 16/26, Jorge Macri dispuso el veto parcial de la Ley 6.912, que regulaba el ejercicio profesional de la Higiene y Seguridad en el Trabajo y creaba el Colegio de Profesionales del sector con matrícula obligatoria en el ámbito de la Ciudad.
Según los fundamentos del Ejecutivo, si bien la norma perseguía un objetivo de interés público —la prevención de riesgos laborales y la protección de la salud de los trabajadores— presentaba “deficiencias de razonabilidad, previsibilidad y seguridad jurídica” que podían afectar el derecho constitucional a trabajar y ejercer industria lícita.
El Gobierno porteño cuestionó especialmente la amplitud y falta de precisión del universo de profesionales alcanzados por la ley. En ese sentido, vetó el artículo 3°, que definía de manera extensa a los sujetos obligados a matricularse, al considerar que podía generar superposición de matrículas, dobles cargas profesionales y conflictos con otros colegios ya existentes.
También fueron vetados parcialmente artículos vinculados al régimen disciplinario (artículos 39 y 40) y a los requisitos de matriculación (artículo 6°), por entender que otorgaban potestades sancionatorias al Colegio sobre personas no matriculadas y contenían remisiones normativas erróneas o contradictorias.
Desde el Ejecutivo señalaron que el veto parcial busca “remover los obstáculos normativos” para permitir una reglamentación posterior que delimite con mayor claridad el alcance de la ley, sin alterar su finalidad original.
Veto total al Colegio de Ciencias Criminalísticas
En paralelo, Macri firmó el veto total de la Ley 6.911, que creaba el Colegio de Profesionales en Ciencias Criminalísticas de la Ciudad de Buenos Aires.
En este caso, el Ejecutivo consideró que las falencias del proyecto eran estructurales y comprometían elementos centrales del régimen, lo que hacía inviable su implementación.
Entre los principales cuestionamientos, el decreto remarca que la ley definía un universo de aplicación “extremadamente amplio”, al incluir peritos, técnicos, licenciados y doctores sin diferenciar incumbencias ni niveles de responsabilidad, y sin delimitar con precisión qué actividades comprendía la “práctica profesional” en ciencias criminalísticas.
Además, el Gobierno advirtió que la norma podía alcanzar incluso a personal de la Policía de la Ciudad que cumple funciones criminalísticas como parte de una función pública especializada, lo que generaría conflictos con el régimen legal vigente y con la estructura jerárquica de las fuerzas de seguridad.
El veto también señaló contradicciones internas en materia de títulos habilitantes, deficiencias en la regulación de las autoridades del Colegio y problemas en la composición y funcionamiento del Tribunal de Ética y Disciplina, que —al estar integrado por un número par de miembros— podía quedar paralizado por empates.
Por estas razones, el Ejecutivo resolvió vetar la ley en su totalidad “en resguardo de la seguridad jurídica, del derecho a trabajar y del adecuado ordenamiento del ejercicio profesional”.
Un nuevo foco de tensión con la Legislatura
Con estos dos decretos, Jorge Macri acumula siete vetos a leyes sancionadas por la Legislatura en un lapso de pocas semanas. El dato político no pasa inadvertido: ambos proyectos llevaban la firma de Paola Michielloto, una dirigente del PRO alineada con el oficialismo y pieza clave en la ingeniería parlamentaria del macrismo porteño.
Ahora, la Legislatura deberá decidir si insiste con alguno de los proyectos vetados, un escenario que requeriría mayorías especiales y que podría profundizar el debate interno sobre el rumbo legislativo de la gestión.
