El legislador porteño Leandro Santoro presentó dos pedidos de informes dirigidos al Poder Ejecutivo de la Ciudad para que brinde detalles sobre la situación del subte porteño.
Por un lado, la iniciativa pone el foco en la presencia de asbesto en la red, especialmente en la Línea B, y las medidas adoptadas para proteger a trabajadores y usuarios; por otro, reclama información exhaustiva sobre el estado, funcionamiento y mantenimiento de ascensores, escaleras mecánicas y elevadores en todas las líneas, en un contexto de reiteradas fallas que afectan la accesibilidad y la calidad del servicio.
Uno de los proyectos apunta específicamente a la contaminación con asbesto en la red. En ese sentido, Santoro solicita información detallada sobre las formaciones, piezas y componentes —eléctricos, mecánicos o estructurales— en los que se haya detectado este material altamente cancerígeno. Además, reclama conocer la fecha en la que el Gobierno porteño tomó conocimiento oficial de su presencia, así como los protocolos aplicados para su detección, aislamiento y remoción.
El pedido también exige precisiones sobre la cantidad de trabajadores expuestos, discriminados por función, y los estudios médicos realizados tanto a empleados en actividad como a ex trabajadores potencialmente afectados. A su vez, se solicita el número de casos diagnosticados con patologías vinculadas a la exposición al asbesto, detallando el tipo de afecciones registradas.
En el plano operativo y presupuestario, el legislador pide acceso al cronograma completo de desasbestización de formaciones e instalaciones, junto con el detalle de los montos asignados anualmente desde 2018 para estas tareas y su nivel de ejecución. También se incluyen consultas sobre las medidas de protección implementadas para los usuarios durante los procesos de remoción y la existencia de auditorías externas o informes técnicos independientes que evalúen el estado actual del plan de descontaminación.
En los fundamentos, Santoro advierte que la preocupación no es abstracta, sino que se apoya en casos concretos que tomaron estado público. Recuerda que en los últimos años trabajadores del subte fueron diagnosticados con enfermedades asociadas a la exposición al asbesto, una situación que fue denunciada en reiteradas oportunidades por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro. Según remarca, estas denuncias incluyen la detección de material contaminante en distintas formaciones e instalaciones, así como la aparición de nuevos casos.
“El asbesto es un agente altamente cancerígeno cuya presencia en el sistema de transporte público no solo compromete la salud de los trabajadores, sino también la de millones de usuarios que lo utilizan a diario”, sostiene el legislador en el texto presentado. En ese marco, plantea la necesidad de contar con información “actualizada, precisa y completa” para dimensionar el alcance del problema y evaluar la eficacia de las políticas públicas en curso.
El segundo pedido de informes, en tanto, pone el foco en las condiciones de accesibilidad y funcionamiento cotidiano del subte. Allí se solicita conocer la cantidad total de ascensores, escaleras mecánicas y elevadores instalados en cada línea, discriminados por estación y sentido, así como cuántos se encuentran operativos y cuántos están fuera de servicio, con detalle de los plazos de inactividad.
La iniciativa también requiere información sobre los cronogramas de mantenimiento preventivo y correctivo, las empresas o áreas responsables de esas tareas y la eventual existencia de contratos tercerizados, incluyendo montos y duración. A su vez, se piden precisiones sobre los mecanismos de control y auditoría implementados para garantizar el cumplimiento de esos planes.
Otro de los ejes centrales es la accesibilidad: el proyecto consulta por los planes actualmente en ejecución para mejorarla y por la eventual incorporación de nuevos dispositivos en estaciones que aún no cuentan con ellos. Además, se solicita saber si existen canales públicos y actualizados para que los usuarios puedan reportar fallas o conocer en tiempo real el estado de funcionamiento de estos equipos.
Finalmente, el pedido incluye información sobre posibles sanciones aplicadas a la empresa operadora desde 2023 por el mal funcionamiento de estos dispositivos, con detalle de las multas, motivos y estaciones afectadas.
En los fundamentos, Santoro advierte que las fallas reiteradas en ascensores y escaleras mecánicas no solo deterioran la calidad del servicio, sino que restringen el acceso de personas con discapacidad, adultos mayores y usuarios con movilidad reducida, además de generar situaciones de riesgo dentro de las estaciones.
